¿Sabes que los hogares sorianos pueden ahorrar hasta 300 euros anuales en calefacción?
  • 25/10/2018

¿Sabes que los hogares sorianos pueden ahorrar hasta 300 euros anuales en calefacción?

Esta es la cantidad de dinero que podrían ahorrar las familias sorianas con calefacción central gracias a la aplicación del Real Decreto por el que se Regula la Contabilización de Consumos Individuales de Calefacción. Cifra que asciende a 40 millones de euros al año si hablamos de toda Castilla y León.

La norma, que se aprobará de manera inminente, tiene por objetivo cumplir con la Directiva Europea en materia de Eficiencia Energética, de obligada aplicación en España y su entrada en vigor supondrá que cerca de 10.000 viviendas con calefacción central existentes en la provincia –y que no resulten exentas de la obligación por no ser rentable o técnicamente inviable– deberán instalar contadores de calorías o repartidores de costes de lectura remota.

El valor de esta norma está en la toma de conciencia de las familias sobre su consumo, que ayudará a realizar un gasto más responsable y eficiente de la calefacción. Sólo en Castilla y León se dejarán de emitir en 50.000 toneladas al año de CO2.

Junto a Soria, Burgos, Ávila y León, serán las cuatro primeras zonas en tener que comenzar a medir su consumo de calefacción de forma individual. Esto se debe a que son las cuatro únicas provincias españolas situadas en la llamada Zona Climática E, que cuenta con las temperaturas más extremas de España.

En el caso de Soria, la fecha límite de instalación varía en función de si el edificio tiene más o menos de 70 viviendas. Un edificio que tenga calefacción central y más de 70 pisos tendrá que evaluar la rentabilidad de la instalación antes del 31 de diciembre de 2019 y, si resulta positiva, instalar los consiguientes repartidores de costes antes del 31 de marzo de 2021. Estos plazos se han establecido para facilitar la instalación de los dispositivos, evitando una posible saturación puntual.

La aplicación de la norma será obligatoria y el Ejecutivo central ha previsto multas que irán de los 1.000 a los 10.000 euros si no se cumple con la obligación, siendo las comunidades autónomas las responsables de inspeccionar y multar, en su caso.

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