El Gobierno publica el Proyecto de Orden que establece el cambio de contadores de agua con más de 12 años de antigüedad
  • 13/11/2018
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El Gobierno publica el Proyecto de Orden que establece el cambio de contadores de agua con más de 12 años de antigüedad

El Gobierno central ha publicado el Proyecto de Orden que obligará a cambiar, entre otros instrumentos de medición, los contadores de agua con más de 12 años de antigüedad. La sustitución de los equipos de medición permitirá ahorros del 15% al año en la factura del agua, según estimaciones de ista.

La medida ya se aplica en otros países de la Unión Europea, como Alemania, donde la vida útil de estos aparatos se fija en 6 años para los contadores de agua fría y 5 para los de agua caliente. Su sustitución facilitará el control del gasto, reducirá los posibles errores en medición y permitirá un mayor ahorro económico a las familias.

“El ahorro potencial de una familia por cambiar el contador es del 15% anual, considerando que una familia media gasta unos 225 euros al año”, afirma Ignacio Abati, Director General de ista España.

En España, hasta el momento, el período de vida útil de estos equipos lo establecía la empresa responsable de la gestión –Canal de Isabel II, AGBAR, Aqualia…– o, en algunos casos, como Andalucía, la propia comunidad autónoma.

Sin embargo, según datos de ista, se calcula que en España hay un total de tres millones de contadores de propiedad particular y el 50% tienen una antigüedad superior a los 12 años. “Su sustitución corre a cargo del propietario, que no lo suele cambiar hasta que el dispositivo deja de funcionar, existiendo casos de aparatos de medición de más de 25 años”, explica Abati.

En España hay un total de tres millones de contadores de agua de propiedad particular y el 50% tienen una antigüedad superior a los 12 años.

La aprobación y puesta en marcha de esta Orden ministerial corrige esta circunstancia, lo que incidirá en una modernización de los equipos de medición, mejorando las lecturas y facilitando la adopción de medidas que permitan el ahorro energético.

Para su aplicación en todo el territorio nacional, el Gobierno central dará un plazo de tres años, ampliable a cinco, al término de los cuales se habrán tenido que sustituir todos los equipos.

El incumplimiento de estas obligaciones podría acarrear multas de hasta 5.000€ –según establece la Ley de Metrología 2014–.

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